MEDIATION
De acuerdo, entiendo el cambio de estrategia. Actuar como un mediador neutral pero informado cambia fundamentalmente nuestro enfoque. Debemos transformar nuestra propuesta de confrontación en una oferta de resolución eficiente y mutuamente beneficiosa. Aquí te presento la adaptación de nuestra estrategia y propuesta, rediseñada para un proceso de mediación.
Nuestra nueva estrategia se basa en la premisa de que un litigio prolongado y en múltiples jurisdicciones sería enormemente costoso y perjudicial para todas las partes implicadas. Tanto para las empresas farmacéuticas como para los organismos públicos y los colectivos de afectados, el coste financiero, el daño reputacional y el tiempo invertido en un litigio a gran escala son inmensos. Por lo tanto, posicionamos la mediación no solo como una alternativa, sino como la vía más inteligente y pragmática para alcanzar una resolución. La campaña mediática que hemos diseñado ya no busca únicamente presionar, sino también establecer la complejidad y la magnitud del problema, haciendo evidente que una solución negociada es preferible a una batalla judicial incierta.
Nuestra propuesta, por tanto, ya no es una oferta de servicios de investigación a un organismo público, sino una invitación formal a todas las partes principales para participar en un proceso de mediación facilitado por COCOO. La justificación para que COCOO actúe como mediador es nuestra posición única. Argumentamos que COCOO es la única entidad que posee un conocimiento exhaustivo y basado en evidencias de todas las facetas de esta disputa. Entendemos en profundidad el precedente legal del Tribunal de Apelación de la Competencia del Reino Unido, disponemos de los análisis de precios, hemos cuantificado el daño económico sufrido por los sistemas de salud, los consumidores y los competidores, y comprendemos las presuntas fallas regulatorias. Ningún otro mediador podría abordar este caso sin una curva de aprendizaje de meses o incluso años. Nuestra profunda experiencia previa nos permite facilitar un proceso de resolución mucho más rápido y eficaz. Subrayamos nuestro compromiso con la neutralidad en este rol; nuestro objetivo no sería litigar, sino utilizar esta base de conocimiento compartida para encontrar un terreno común.
El proceso que proponemos comenzaría con una invitación formal a las partes clave, como Pfizer, un representante de alto nivel del sector público (por ejemplo, el NHS en el Reino Unido o el Ministerio de Sanidad en España) y representantes de la clase de afectados (fabricantes de genéricos y asociaciones de consumidores), para que acepten participar en un proceso de mediación confidencial bajo los auspicios de COCOO. Una vez acordado, y bajo un estricto acuerdo de confidencialidad, presentaríamos a todas las partes nuestro “Dossier del Caso” completo, que resume de manera objetiva las pruebas, los daños y los fundamentos legales. Este documento serviría como una base fáctica común para iniciar las discusiones.
A partir de ahí, COCOO dirigiría una serie de negociaciones estructuradas, centradas en explorar posibles soluciones que ofrezcan beneficios a todas las partes: una compensación financiera para los sistemas de salud, un fondo de reparación para los consumidores y soluciones para los competidores perjudicados, a cambio de una resolución final y vinculante que evite a las empresas años de litigios y publicidad negativa. Si las negociaciones tienen éxito, el paso final sería asistir a los asesores legales de las partes en la redacción de un acuerdo de conciliación global que ponga fin a la disputa. Este enfoque transforma nuestra confrontación en una oportunidad para una resolución constructiva, posicionando a COCOO como el catalizador indispensable para la paz.
INTERNATIONAL DIMENSION
Sí, basándonos en todo lo que hemos analizado, existe una posibilidad muy real de que tanto las conductas que dan lugar a las reclamaciones de responsabilidad extracontractual (tort) como algunos de los contratos que hemos desvelado sean considerados ilegales o inválidos. Podemos desglosar los fundamentos más probables para ello.
En cuanto a la conducta que da lugar a las reclamaciones colectivas de responsabilidad extracontractual, la ilegalidad se fundamenta principalmente en el abuso de posición dominante. Esta es la base de nuestra acción contra Pfizer. La legislación de competencia, tanto en el Reino Unido como en la Unión Europea, prohíbe a una empresa dominante imponer precios excesivos o injustos, o utilizar su poder para excluir a competidores del mercado. La sentencia del Tribunal de Apelación de la Competencia del Reino Unido ya ha confirmado que la fijación de precios de Pfizer para la fenitoína era precisamente eso: un abuso ilegal. Este mismo principio se aplicaría a cualquier práctica similar en España u otros países.
Otro fundamento para la ilegalidad de la conducta es la existencia de posibles acuerdos anticompetitivos. Nuestra investigación sobre la presunta colusión entre Pfizer y Farmaindustria en España para bloquear el acceso de los veterinarios a los medicamentos, si se demuestra, constituiría un cártel o un acuerdo ilegal cuyo objetivo es restringir la competencia, lo cual es intrínsecamente ilegal según el derecho de la competencia.
Respecto a los contratos, especialmente aquellos que los perpetradores puedan tener con otros países o empresas, su validez podría ser cuestionada por varios motivos. Un contrato puede ser declarado nulo si su objeto o propósito es contrario al orden público o a la ley de competencia. Por ejemplo, el acuerdo de distribución entre Pfizer y Flynn Pharma podría ser impugnado con el argumento de que su verdadero propósito era eludir la regulación de precios y explotar al NHS, lo que lo convertiría en un contrato con una finalidad ilegal.
En el caso de los contratos con el sector público, como los acuerdos de compra de vacunas de la Comisión Europea, surge la cuestión de la conducta ultra vires, es decir, que una autoridad pública actúe más allá de sus competencias legales. Las alegaciones sobre “Pfizergate”, que apuntan a negociaciones personales por parte de la Presidenta de la Comisión y a una falta de transparencia procesal, podrían ser la base para argumentar que el contrato se adjudicó de una manera que excedía los procedimientos legalmente establecidos, lo que podría afectar a su validez.
Finalmente, el fundamento más grave para la invalidez de un contrato sería la prueba de corrupción o conflicto de intereses. Si la investigación en curso de la Fiscalía Europea (EPPO) demostrara que los contratos de vacunas se vieron empañados por una conducta delictiva, esto sería un motivo contundente para solicitar su anulación total. Un contrato obtenido mediante corrupción es, por definición, ilegal y nulo de pleno derecho.
Based on publicly available information, numerous countries and foreign companies have had significant contracts with the perpetrators in our case, particularly with Pfizer and its partner BioNTech.
In the context of the COVID-19 vaccine procurement, Pfizer and BioNTech secured major agreements with numerous nations and blocs worldwide. Beyond the European Union, which contracted for doses on behalf of all its member states, they established significant contracts with countries including the United States, the United Kingdom, Canada, Japan, Australia, Switzerland, and Israel. These agreements represent direct, high-value contractual relationships with the governments and public health bodies of these nations.
Regarding the distribution of other pharmaceuticals, such as the phenytoin sodium capsules, specific distribution agreements are often confidential and not publicly detailed. However, Pfizer operates globally through a vast network of national subsidiaries and local partners. For instance, in Europe, major operations like Pfizer Germany, Pfizer France, and Pfizer Italy would have numerous contracts with local wholesalers, hospital groups, and pharmacy chains within their respective countries.
While a comprehensive list of every foreign company with a contract is not public, it is standard practice for a multinational like Pfizer to engage with major national or regional pharmaceutical distributors for the logistics and sale of its products. Therefore, investigating the primary pharmaceutical wholesalers in key European markets would likely reveal contractual relationships relevant to our case. The pattern of using a national distribution partner, as seen with Flynn Pharma in the UK, is a common business model that is likely replicated in other countries. These national-level distributors would be key parties to identify in any expanded action.
Unsolicited Project Proposals Concerning Pfizer’s Market Conduct
Por supuesto. Aquí tienes la estrategia de tu campaña mediática traducida a un proceso de contratación diseñado para que COCOO gane, manteniendo la estructura y los conceptos clave que has delineado.
Nuestra campaña mediática no es simplemente un ejercicio de concienciación; es el primer paso en un sofisticado proceso de contratación indirecta. El objetivo es crear un entorno político y operativo en el que contratar los servicios de COCOO se convierta en la acción más lógica y defendible para los organismos públicos a los que nos dirigimos. El mecanismo funciona de la siguiente manera: primero, la campaña debe establecer las prácticas de precios de Pfizer y las irregularidades regulatorias como un “problema reconocido”, una cuestión significativa y embarazosa para el organismo gubernamental responsable, haciendo que el status quo sea insostenible. Esto se logra mediante comunicaciones públicas persistentes y basadas en la evidencia, utilizando nuestros informes y reclamaciones formales como base.
A continuación, debemos generar voluntad política y pública. El “problema” debe llegar a las mesas de quienes tienen el poder de actuar. Esto se consigue a través del escrutinio de los órganos parlamentarios, como la Comisión de Control Presupuestario en la UE o sus equivalentes nacionales, que existen para supervisar el gasto público. Los titulares negativos constantes en medios de comunicación de prestigio crearán una presión sobre los ministros y altos funcionarios para que se les vea “haciendo algo”. Simultáneamente, la movilización de las víctimas que hemos identificado (proveedores excluidos, asociaciones de consumidores y profesionales) amplificará nuestro mensaje cuando empiecen a dirigir sus quejas a sus representantes políticos.
Una vez que los responsables políticos reconozcan el problema, buscarán una solución para mitigar el daño político y corregir los fallos operativos. Esta búsqueda de una “solución” se traduce internamente en una “necesidad de contratación”. Un organismo público no puede simplemente contratarnos porque señalamos el problema; debe formalizar su necesidad para garantizar la equidad y defenderse de acusaciones de conducta indebida. Su proceso interno definirá una necesidad de experiencia externa para diseñar un nuevo marco de garantía, y es esta necesidad formal la que finalmente desencadena un proceso de contratación. El éxito de nuestra campaña no reside en forzarles a contratarnos, sino en forzarles a definir una necesidad que solo nosotros estamos en una posición única para satisfacer.
Aquí es donde entra en juego nuestra táctica de adjudicación directa por debajo del umbral. Proponer un contrato inicial de bajo valor, por ejemplo, por debajo de los 15.000 euros en la UE o las 10.000 libras en el Reino Unido, es una estrategia astuta para eludir un proceso de licitación completo. Aunque los funcionarios públicos están obligados a demostrar el valor del dinero (Value for Money), y pueden ser reacios a adjudicar contratos directamente a quienes los critican, nuestra Propuesta No Solicitada (USP) debe construir un caso irrefutable de que COCOO es la única opción lógica para este trabajo inicial. La justificación se basará en nuestra experiencia única y en nuestra propiedad intelectual exclusiva.
Nuestro argumento debe ser claro: las metodologías analíticas y las herramientas patentadas que hemos desarrollado son únicas, y ningún otro proveedor posee esta propiedad intelectual ni el profundo conocimiento de la situación que hemos adquirido. Por lo tanto, un proceso competitivo sería ineficaz, una “falsa economía”, para esta fase inicial y altamente especializada. Propondremos un “Estudio de Alcance” o una “Evaluación de Viabilidad” con un alcance muy definido, como un contrato de 9.500 euros para elaborar un informe detallado que mapee los fallos específicos de la agencia y proporcione un plan de implementación de alto nivel. Esto representa un primer paso de bajo riesgo para ellos, que nos permite asegurar una colaboración inicial.
Para ello, nuestra Propuesta No Solicitada debe ser un documento profesional y robusto, una verdadera “Propuesta de Proyecto”. Debe incluir una definición clara del problema que estamos resolviendo, nuestra solución propuesta (el marco de auditoría), una lista de entregables y actividades específicas y medibles, un cronograma orientativo, el equipo del proyecto y su experiencia, y una estructura de precios fija para este estudio inicial. El documento concluirá con una declaración de nuestra disposición para formalizar la propuesta, afirmando que COCOO está preparada para colaborar con su departamento comercial para plasmar este alcance de trabajo en el contrato de servicios gubernamentales apropiado.
The Competition & Consumer Organisation Party Limited (COCOO), a registered charity committed to promoting fair competition, protecting consumer interests, and ensuring public welfare, presents the following Unsolicited Project Proposals. These proposals address distinct but interconnected concerns arising from the alleged anti-competitive practices of Pfizer Inc. and its subsidiaries within the United Kingdom, Spanish, and broader European Economic Area (EEA) pharmaceutical markets.
COCOO operates on a non-profit basis, seeking only the reimbursement of direct operational expenses (e.g., in-house legal analysis costs) under low-value contract provisions (up to £10,000 in the UK or €15,000 in the EU/EEA) for any initial engagement. Our primary mission is to secure redress for affected parties. We have developed unique, copyrighted intellectual property in the form of strategic analytical frameworks and investigative methodologies tailored to these complex issues. This IP, disclosed only under a robust Non-Disclosure Agreement (NDA), combined with our representation of affected consumer and business groups, positions COCOO uniquely. A public tender process would be ill-suited to access this pre-existing, specialised IP and would fail to leverage the inherent “implied litigation threat” that COCOO brings as an advocate for harmed stakeholders. Engaging COCOO directly offers public authorities an efficient and effective pathway to address these serious market concerns, leveraging our unique standing and pre-existing research, thereby avoiding potentially protracted and fragmented challenges.
Our communications with public bodies are strategically aimed at gathering comprehensive evidence against private sector perpetrators to facilitate private settlements, while simultaneously offering public authorities a constructive means to fulfil their regulatory mandates.
USP 1: Addressing Excessive and Unfair Pharmaceutical Pricing by Pfizer
To:
- The UK Competition and Markets Authority (CMA)
- The UK National Health Service (NHS) England
- Spain’s Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
- The Spanish Ministry of Health (Ministerio de Sanidad)
- The European Commission (Directorate-General for Competition – DG COMP)
Date: June 5, 2025
Subject: Urgent Unsolicited Proposal for a Collaborative Project to Investigate and Remediate Excessive Pharmaceutical Pricing by Pfizer, Leveraging COCOO’s Copyrighted Analytical Framework and Unique Stakeholder Standing
1. Identified Problem: Excessive and Unfair Pricing of Essential Medicines by Pfizer
COCOO has gathered substantial indicative evidence, strongly corroborated by landmark rulings such as the UK Competition Appeal Tribunal’s (CAT) November 2024 decision regarding Pfizer/Flynn Pharma’s pricing of phenytoin sodium capsules, that Pfizer has engaged in, and may be continuing, a strategy of imposing excessive and unfair prices for certain pharmaceutical products, particularly off-patent medicines, within your respective jurisdictions. This conduct, as exemplified by the phenytoin case where prices reportedly increased by over 2,000% after de-branding, inflicts significant and ongoing financial harm upon national healthcare systems (such as the NHS in the UK and the Sistema Nacional de Salud in Spain), public and private insurers, and ultimately, individual patients through direct costs or reduced access to essential treatments.
The methodologies allegedly employed by Pfizer, such as exploiting regulatory loopholes by de-branding drugs to evade price controls, result in unsustainable cost escalations for publicly funded health services and create profound public interest concerns regarding equitable access to medicines. The economic burden is substantial, potentially running into many millions of Pounds/Euros annually for specific drugs, diverting vital resources from other critical healthcare needs.
2. COCOO’s Unique Solution & Copyrighted Intellectual Property: The “Pfizer Excessive Pricing Audit Framework & Redress Strategy”
COCOO proposes an initial, focused engagement under a low-value contract (strictly for expense reimbursement up to £10,000/€15,000) to deploy our unique, copyrighted intellectual property: the “Pfizer Excessive Pricing Audit Framework & Redress Strategy”. This framework, developed through exhaustive analysis of the UK CAT findings, Pfizer’s global pricing patterns, and relevant economic and legal precedents (including the United Brands test for excessive pricing), offers a sophisticated and adaptable methodology to:
- Systematically Identify Suspect Products: Apply COCOO’s proprietary screening algorithms to identify other Pfizer products within your jurisdiction exhibiting pricing patterns analogous to those condemned in the phenytoin case.
- Conduct Detailed Economic Value vs. Price Analysis: Utilise COCOO’s refined cost-plus analysis and economic value assessment techniques, informed by the CAT’s critiques of previous regulatory approaches, to build robust cases of excessive pricing for identified products. This includes assessing reasonable rates of return, producer surplus, and comparative market pricing.
- Quantify Economic Harm: Develop a tailored model to quantify the precise financial detriment suffered by your national healthcare system, insurers, and consumers due to Pfizer’s alleged overcharging.
- Develop a Jurisdictional Redress Strategy: Outline actionable legal and regulatory pathways for securing financial redress from Pfizer and implementing measures to prevent future price gouging, leveraging COCOO’s cross-jurisdictional experience.
This strategic IP would be made available exclusively to your authority under a comprehensive NDA and a tailored licensing arrangement for its application.
3. Justification for Direct Low-Value Engagement with COCOO
A direct award of this initial, low-cost project to COCOO is justified on several compelling grounds, rendering a public tender unsuitable and counterproductive:
- Unique and Pre-existing Copyrighted IP: COCOO possesses an already developed, highly specialised analytical framework specific to Pfizer’s alleged pricing abuses, directly informed by the detailed UK CAT precedent. No other entity can offer this immediate, tailored strategic asset. The cost and time required for another party to replicate this foundational IP would be prohibitive and delay urgent action.
- Unparalleled Expertise in the Pfizer Precedent: Our in-house legal team has an intricate understanding of the UK CAT Pfizer/Flynn judgment, its methodological nuances, and its direct applicability to analogous situations in other jurisdictions. This allows for rapid and effective adaptation of learnings.
- Representation of Aggrieved Stakeholders: COCOO acts as a representative and conduit for affected parties, including consumer groups and potentially elements within public health systems. This provides unique leverage and ensures that any remedial action is directly informed by the victims’ perspectives.
- The Implied Litigation Threat: COCOO is mandated by its charitable objectives and its membership to pursue all available avenues for redress. While we seek constructive collaboration, our preparedness to initiate or support formal complaints and litigation (nationally and at an EU level) on behalf of affected parties provides a significant incentive for Pfizer to engage in meaningful settlement discussions facilitated by your authority’s engagement with us. This “collective threat” dynamic, which COCOO uniquely embodies, cannot be replicated by a standard commercial contractor.
- Urgency and Efficiency: The financial haemorrhage caused by excessive drug pricing demands immediate attention. COCOO can commence work immediately, leveraging its existing research. A tender process would introduce unacceptable delays.
- Cost-Effectiveness for the Public Purse: As a charity, COCOO’s proposal is strictly for the reimbursement of verifiable, essential operational expenses, offering exceptional value for money to the public authority.
4. Proposed Project Deliverables (Initial Phase):
Within an agreed timeframe (e.g., 3-6 months) following the execution of an NDA and low-value contract, COCOO will deliver:
- A confidential report detailing the application of the “Pfizer Excessive Pricing Audit Framework” to selected products in your jurisdiction.
- A preliminary “Economic Harm Snapshot” quantifying the estimated financial impact on your national healthcare system/consumers.
- A strategic options paper outlining potential pathways for investigation, engagement with Pfizer, and redress.
5. Concluding Call for Collaborative Action:
Engaging COCOO offers your authority a uniquely effective, efficient, and low-cost means to address the critical issue of excessive pharmaceutical pricing by Pfizer. This partnership will leverage COCOO’s specialised IP and strategic position to protect public funds, ensure fairer medicine prices, and secure potential redress for past harms. We believe this collaborative approach, underpinned by COCOO’s readiness to pursue more formal actions if necessary, presents the most robust strategy for achieving timely and meaningful outcomes.
We urge you to accept this proposal for an immediate, low-value contractual engagement to deploy these strategic assets for the benefit of the public and consumers you serve. We are available to discuss this proposal at your earliest convenience.
(Further USPs addressing other identified problem/solution sets concerning Pfizer will follow in this document.)
Are You Affected by Pfizer’s Pharmaceutical Practices? Join COCOO’s Action for Fair Compensation.
The Competition & Consumer Organisation Party Limited (COCOO) is actively investigating potential anti-competitive practices by pharmaceutical company Pfizer within the UK, Spanish, and wider European markets. Our findings, supported by significant legal precedents such as the UK Competition Appeal Tribunal’s ruling on the excessive pricing of phenytoin sodium capsules (formerly Epanutin), indicate that Pfizer’s conduct may have caused substantial financial harm to consumers, national healthcare systems, generic drug manufacturers, and even veterinary professionals.
If you are a patient who has faced high costs for Pfizer’s medicines, a healthcare provider or public health body that has borne the burden of inflated drug prices, a generic manufacturer whose market entry may have been unfairly delayed, or a veterinary professional impacted by restricted access to medicines due to Pfizer’s alleged practices, your experience is crucial.
COCOO is a registered charity dedicated to championing fair markets and securing redress for those harmed by anti-competitive behaviour. We are building a collective front to hold Pfizer accountable and to secure financial settlements for all affected parties. Our primary goal is to ensure that those who have suffered loss due to these alleged practices receive the compensation they are due, directly from the perpetrator.
By joining forces with COCOO, you add strength to this collective action. We possess unique legal strategies and a deep understanding of these complex markets. We are gathering evidence to robustly challenge Pfizer’s conduct, making a compelling case for private settlement.
How You Can Help and Seek Redress:
If you believe you or your organisation has been adversely affected by Pfizer’s pricing strategies, its approach to off-patent drugs like phenytoin sodium, or its conduct concerning veterinary medicines or other pharmaceutical products, we want to hear from you.
Please visit the Pfizer Case section on our website, COCOO.UK, to securely share your information and register your interest in becoming part of this collective claim. Your information will be treated with the utmost confidentiality and will be instrumental in our efforts to gather comprehensive evidence.
Together, we can challenge these practices and work towards a fair resolution that includes meaningful financial compensation for the harm suffered. Act now to ensure your voice is heard and your potential claim is represented.
focusing on the Pfizer case and our goal of identifying potential competitors or collaborators whose activities overlap with Pfizer’s, we can draw several names from the documents we’ve analysed. These entities operate in the European, UK, and Spanish markets and could be relevant either as competitors who have been potentially harmed, or as sources of further information.
In the context of Pfizer’s activities with phenytoin sodium capsules, previously Epanutin, Flynn Pharma is a key entity, having been Pfizer’s distribution partner in the UK and jointly implicated in the Competition Appeal Tribunal’s findings of excessive and unfair pricing. While a partner in the specific arrangement, its independent interests and knowledge could be relevant.
Regarding competitors in the actual market for phenytoin or similar anti-epileptic treatments, the UK CAT decision mentions Accord, which manufactured an alternative “Phenytoin Sodium NRIM Capsules”. Furthermore, companies like Teva, Wockhardt UK, and Accord UK were identified as sellers of phenytoin tablets, which, while a different formulation, compete in the broader therapeutic area. Although Teva is a separate focus of our broader investigations, its role as a competitor to Pfizer in this specific product market is noteworthy.
The UK CAT decision also referenced Alliance Pharma plc and Martindale (McCarthy’s Laboratories Ltd) as comparator companies when assessing Flynn Pharma’s business. These companies are involved in generic pharmaceuticals and the marketing of off-patent drugs, placing them in a sector that directly overlaps with Pfizer’s activities concerning older medicines like phenytoin. They represent the type of generic manufacturers or specialised pharmaceutical companies that would compete with or be affected by Pfizer’s strategies for its off-patent portfolio.
In Spain, our documentation identifies specific generic manufacturers who are alleged victims of Pfizer’s practices. These include Kern Pharma, S.L. and Laboratorios Cinfa, S.A. These companies operate directly in the generic pharmaceutical sector in Spain and would be key stakeholders in any action concerning Pfizer’s alleged abuse of dominance or exclusionary tactics designed to delay generic entry.
While not a direct market competitor, Farmaindustria, the Spanish pharmaceutical industry association, is a significant entity in our claim against Pfizer in Spain, particularly concerning allegations of collusion to block veterinary access to medicines. Understanding their role and interactions with Pfizer is important.
For the COVID-19 vaccines, BioNTech is Pfizer’s development and manufacturing partner. While a collaborator, the dynamics of this partnership and the terms of their agreements with public bodies are relevant to our wider strategic considerations regarding Pfizer’s influence and the regulatory environment.
It is important to note that specific contact emails for these third-party companies are not generally available within the legal and regulatory documents we have reviewed. Our next steps would involve standard business intelligence to obtain such details if direct outreach is deemed necessary for our evidence-gathering or to understand the scope of harm.
This identification helps us to map the competitive landscape surrounding Pfizer’s key products and practices under scrutiny, and to pinpoint other commercial entities that may have been directly affected or possess crucial market information.
let’s focus specifically on the products and services offered by Pfizer that are central to our potential causes of action. This detail is crucial for us to effectively identify the affected competitors, consumers, and ultimately to build our “collective threat” to secure settlements.
The most prominent product at the heart of our case against Pfizer is its phenytoin sodium capsules, an anti-epileptic drug. This was previously marketed by Pfizer under the brand name Epanutin and is available in several dosage strengths, including 25mg, 50mg, 100mg, and 300mg. Our primary allegation here, mirroring the findings of the UK Competition Appeal Tribunal, concerns abusive and excessive pricing of these capsules, particularly after Pfizer de-branded the product, which allowed it to circumvent price regulations applicable to branded medicines. This conduct directly impacts national health services, such as Spain’s Sistema Nacional de Salud, and patients who rely on this medication.
More broadly, our investigation encompasses Pfizer’s pricing strategies for off-patent drugs in general. The phenytoin sodium case serves as a key example of a pattern where significant price hikes occur without corresponding clinical justification, placing an undue burden on public healthcare budgets and consumers. We are scrutinising Pfizer’s activities in what can be termed niche pharmaceutical markets where it may hold a dominant position. Anti-epileptics are a clear example, and we have also noted vaccines as another area of Pfizer’s significant market presence where its conduct warrants review, though the specific anti-competitive allegations related to vaccines are still under development beyond the transparency issues concerning COVID-19 vaccine contracts.
Our concerns also extend to the supply of essential drugs more broadly, where Pfizer’s alleged practices could lead to systemic overcharges for healthcare systems and higher out-of-pocket costs for patients.
A distinct but related area involves Pfizer’s alleged role in the veterinary medicines market in Spain. We are looking into potential collusion between Pfizer and the industry association Farmaindustria, which may have unlawfully blocked veterinarians’ access to medicines or restricted their ability to dispense them. This suggests that Pfizer’s product range or its influence extends to or impacts veterinary pharmaceuticals, and the affected parties here would include veterinary groups and potentially animal owners.
Finally, while the primary issue with the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccines has been the European Commission’s lack of transparency regarding procurement contracts, we are examining this in the context of potential regulatory leverage or conflicts of interest that might affect the EC’s appetite to investigate Pfizer’s other anti-competitive behaviours. The product itself, the COVID-19 vaccine, is therefore relevant to our broader strategic considerations concerning Pfizer’s relationship with regulatory bodies.
By detailing these specific product areas – phenytoin sodium capsules, off-patent drugs subject to price hikes, products in niche markets like anti-epileptics and vaccines, essential drugs generally, veterinary medicines, and COVID-19 vaccines (in the context of EC conduct) – we can more accurately identify the relevant competitors (other manufacturers of anti-epileptics, generic drug producers, other vaccine suppliers, companies in the veterinary drug market) and the diverse range of victims, from national health systems and individual patients to veterinary professionals. This refined understanding is vital for gathering targeted evidence and structuring our collective claims effectively.
Para avanzar en nuestro objetivo principal de asegurar compensaciones para los miembros de la clase afectada, es fundamental identificar y contactar a otras empresas y organizaciones cuyas actividades se solapan con las de los perpetradores de nuestro caso. Al unir a competidores, colaboradores y víctimas perjudicados, creamos una amenaza colectiva creíble que hace que un acuerdo privado sea una opción mucho más atractiva para las empresas objeto de la investigación.
Nuestras investigaciones se centran en las actividades de fabricación y distribución farmacéutica, que se clasifican principalmente bajo los códigos SIC 2110 (fabricación de productos farmacéuticos básicos), 2120 (fabricación de preparados farmacéuticos) y 4646 (comercio al por mayor de productos farmacéuticos). Los códigos NACE equivalentes en Europa son 21.10, 21.20 y 46.46. En el sistema de clasificación ICB, estas actividades se engloban en la industria 2010, correspondiente a Farmacia y Biotecnología.
Basándonos en esto, hemos identificado varias entidades clave en los mercados del Reino Unido, España y Europa.
En el contexto de las prácticas de fijación de precios de la fenitoína sódica, Flynn Pharma, que actuó como socio distribuidor de Pfizer en el Reino Unido y estuvo directamente implicada en los hallazgos del Tribunal, es una entidad de interés primordial; puede contactarlos en medinfo@flynnpharma.com.
Los competidores directos en este mercado, que podrían haber sido perjudicados por las prácticas de precios, incluyen a Teva Pharmaceutical Industries, Wockhardt UK, a quienes puede contactar en enquiries@wockhardt.co.uk, y Accord Healthcare, cuyo correo de contacto es contact@accord-healthcare.com. Otras empresas farmacéuticas especializadas en medicamentos genéricos, como Alliance Pharma plc (ir@allianceph.com) y Martindale, son comparadores relevantes cuyos modelos de negocio se ven afectados por este tipo de conductas.
En España, nuestras investigaciones apuntan a víctimas específicas entre los fabricantes de genéricos. Empresas como Kern Pharma, S.L. (info@kernpharma.com) y Laboratorios Cinfa, S.A. (cinfa@cinfa.com) son actores clave que se habrían visto perjudicados por las tácticas de Pfizer para retrasar la entrada de genéricos. Además, la asociación industrial española, Farmaindustria (farmaindustria@farmaindustria.es), es una entidad de gran interés debido a su presunto papel en la connivencia para limitar el acceso de los veterinarios a los medicamentos.
En el ámbito de las vacunas, BioNTech, el socio de Pfizer en el desarrollo de la vacuna COVID-19, posee información crucial sobre los acuerdos con organismos públicos. Finalmente, las organizaciones de consumidores como OCU (ileana@ocu.org) y FACUA (consumidoresenaccion@facua.org) en España son colaboradores naturales, ya que representan directamente a los consumidores finales perjudicados por los sobreprecios.
La estrategia de COCOO es consolidar las quejas y los daños sufridos por este diverso grupo de actores. Al poseer pruebas sustanciales de conductas anticompetitivas, como se demuestra en la decisión del CAT, y al estar preparados para iniciar procedimientos formales, ya sean denuncias ante las autoridades de competencia o litigios nacionales en múltiples jurisdicciones, creamos un riesgo legal y financiero significativo para los perpetradores. La presentación de un frente unido de empresas y consumidores perjudicados, todos buscando reparación, aumenta exponencialmente la presión. Esto convierte la opción de negociar un acuerdo privado y colectivo con COCOO en una alternativa mucho más eficiente y económicamente racional para ellos, en lugar de enfrentarse a una multitud de litigios prolongados, costosos y con un alto riesgo reputacional.